Ante la reciente presentación en la Cámara de Diputados de un proyecto sobre la posible “despenalización del aborto”, quiero expresar como obispo y ciudadano las siguientes consideraciones. Estamos ante un hecho que hace a la vida humana y sus derechos, y que reclama, por lo mismo, definiciones claras. No estamos tampoco ante un tema primariamente de fe, sino ante una realidad que pertenece al ámbito de los derechos humanos y que deben ser tutelados por la misma sociedad.
La Doctrina Social de la Iglesia presenta el tema del aborto cuando habla, en el cap. III, de los Derechos Humanos. Sacarlo de este contexto es desconocer la dignidad y exigencias de la vida concebida. Cuando no se parte de la realidad de la vida como un dato objetivo comprobable científicamente, y frente al cual no se puede admitir la gradación del más o menos, perdemos de vista el lugar desde el cual debemos observar este hecho. Estamos ante un ser humano y que como tal debe ser tratado. Estamos ante una nueva realidad que tiene su autonomía genética, aunque no su independencia total. Este estado de fragilidad no disminuye su grandeza ni nuestra responsabilidad. Su primer derecho es el derecho a la vida. No es coherente, por lo mismo, hablar de la vida y propiciar el aborto. Sabemos que hay situaciones difíciles y dolorosas, pero el aborto nunca es la solución. No hablamos de una vida sino de dos, la de la madre y su hijo, ambas merecen ser cuidadas y respetadas.
Debemos tener en cuenta que la fuente última de los derechos humanos no depende de la voluntad o libertad de ninguna persona, ni reside en el poder del Estado, sino sólo en la dignidad del mismo hombre que es connatural a su propia vida, y que es igual en toda persona. Estos derechos son, por otra parte, universales, inviolables e inalienables, es decir, están presentes en todos los seres humanos, sin excepción de tiempo, de lugar o sujeto. Además de su universalidad estos derechos tienen la nota de indivisibilidad, esto significa que: “Tales derechos se refieren a todas las fases o etapas de la vida y en cualquier contexto”. Cuando dejamos de pensar a partir de esta realidad, aún en su estado o etapa de fragilidad dependiente, que siempre es sujeto real de derechos, se compromete el orden de la justicia con sus derechos y garantías.
Un tema que se presenta es el de la libertad de la madre como un derecho que no admitiría límites. Se habla del derecho a la libre decisión. Creo que es necesario afirmar que la libertad no es un principio absoluto, sino una determinación personal y voluntaria que debe reconocer, y éste es su límite, los derechos que emanan del otro o de un ordenamiento jurídico, en este caso, el de la vida concebida que se convierte en una realidad vinculante. No estamos ante algo o alguien que dependa de la voluntad de nadie, sino de un sujeto con derechos. Si la justicia es dar a cada uno lo que le corresponde, es sabia y necesaria la tutela jurídica frente a la vida naciente e indefensa. No se trata sólo, decía, de una cuestión de fe o religiosa, que ciertamente la fortalece, sino de un tema que tiene su raíz humana y científica, y frente a la cual tenemos la obligación y el derecho de defenderla.
La defensa de la vida no se reduce, por otra parte, a luchar sólo contra el aborto sino que debe abarcar todo el desarrollo de esta misma vida, principalmente en sus momentos de mayor fragilidad, comenzando por el embarazo, pero siguiendo por el nacimiento y su cuidado posterior. El tema de la vida abarca la totalidad de etapas en las que se desarrolla, pero debemos poner el acento en aquellas que más necesita de su cuidado. Cuando dejamos de plantear el tema de la vida como prioritario, por ser el primer derecho del hombre, quitamos una referencia esencial que da solidez al mismo sistema jurídico.
Mons. JOSÉ MARÍA ARANCEDO
Arzobispo de Santa Fe de la Vera Cruz
